Velar por que la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto de la Constitución Política del Perú y la legalidad, brindando la orientación y asesoría jurídica que garantice la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Formular, ejecutar y supervisar las políticas nacionales que le son propias por su ámbito de competencia.

Realizar el seguimiento del desempeño y logros alcanzados por las políticas, planes y programas en las materias de su competencia, en los niveles nacional, regional y local, así como tomar las medidas correspondientes.

Emitir normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia.

Supervisar a los organismos públicos adscritos.

Supervisar las acciones que en materia de inversión público-privada se realicen en el ámbito del Sector, en coordinación con la autoridad competente.

Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, en los asuntos de su competencia, de acuerdo a las normas de la materia.

Asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión sobre proyectos normativos.

Promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales.

Promover el respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, así como elaborar planes nacionales en dicho ámbito.

Formular las políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, a través de los servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y los medios alternativos de solución de conflictos.

Orientar, contribuir, dirigir y formular la política criminal y la política penitenciaria del Estado.

Promover una recta, pronta y eficaz administración de justicia, manteniendo para tal efecto relaciones de cooperación y coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura, así como con las demás entidades y organizaciones vinculadas al sistema de administración de justicia.

Ejercer la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

Ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a que se refiere la Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales.

Establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo.

Sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial.

Hacer uso de los mecanismos constitucionales correspondientes cuando se identifique la transgresión del ordenamiento jurídico.

Estudiar y proponer la emisión de normas y la reforma de la legislación.

Supervisar el funcionamiento de las fundaciones, la función notarial, las políticas en materia registral y el Servicio Civil de Graduandos - SECIGRA DERECHO.

Intervenir, conforme a las normas de la materia, en los procedimientos de extradición y otros actos de cooperación judicial internacional.

Evaluar las solicitudes en materia de indultos y conmutación de penas a internos sentenciados, así como la aplicación del derecho de gracia a internos procesados.

Mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con las entidades religiosas, conforme a la ley de la materia.