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  DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Abreviatura: DP
Dirección: Jr. Ucayali N° 388
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Distrito: LIMA
Teléfono: 311-0300
Fax: 426-7889
Página Web: www.defensoria.gob.pe
 
Misión: Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la población. Además, su Ley Orgánica, Ley Nº 26520, le asigna la responsabilidad de promover los derechos humanos, lo cual supone una preocupación permanente por la vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social.

Unidades Informáticas

Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para el esclarecimiento de los actos y las resoluciones de la administración estatal y sus agentes que manifiesten un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones y afecten la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

 

Interponer y dar seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad, hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento. También puede intervenir en cualquier procedimiento de hábeas corpus iniciado por un tercero para coadyuvar a su defensa.

 

Participar en procedimientos administrativos.

 

Promover iniciativas de mediación y conciliación e interponer sus buenos oficios.

 

Promover y difundir los derechos humanos a través de una labor educativa encaminada a difundir los derechos de las personas, así como las vías para lograr su protección.

 

Promover la firma, ratificación o adhesión y efectiva difusión de los tratados sobre derechos humanos.

 

Elaborar informes y estudios especializados con sus correspondientes recomendaciones sobre el seguimiento de situaciones de violaciones a los derechos humanos e irregularidades en la administración estatal y los servicios públicos.

 

Brindar asesoría y orientación gratuita.

 

Promover iniciativas legislativas al Congreso para que apruebe leyes que garanticen los derechos fundamentales de sectores vulnerados.

 

Realizar un informe anual ante el Congreso sobre las gestiones y recomendaciones formuladas a los poderes públicos.

 
 
 
 
 
 
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